La Justicia fijó en $684.990.350.139,86 la suma que Cristina Kirchner y los demás condenados en el caso Vialidad deben abonar en concepto de reparación por el daño causado al Estado. Tienen 10 días para pagar o enfrentarán el embargo y remate de sus bienes.
El cálculo, actualizado por expertos de la Corte Suprema, corresponde al decomiso de los $84.000 millones originalmente dictaminados en la sentencia de diciembre de 2022. Esta cifra, equivalente a más de U$S540 millones al cambio actual, busca resarcir al Estado por las maniobras de corrupción detectadas en la adjudicación de obra pública.
El Tribunal Oral Federal N°2, tras recibir la actualización del monto, notificará a los condenados el plazo de 10 días para efectuar el pago. De no cumplirse, se procederá a la ejecución de los bienes embargados, que incluyen:
Cristina Kirchner: departamentos en Puerto Madero, cocheras, seis millones de dólares, los hoteles del sur, las sociedades que los administran, propiedades en El Calafate y departamentos en Río Gallegos. Su patrimonio declarado es de 250 millones de pesos.
Lázaro Báez: un patrimonio estimado en 120 millones de dólares, compuesto por cerca de 40 estancias, miles de autos y aviones. No obstante, estos bienes ya están sujetos a múltiples reclamos judiciales por condenas previas por lavado de dinero y la quiebra de Austral Construcciones.
La magnitud del decomiso responde al cálculo del perjuicio ocasionado al Estado por los sobreprecios en las 51 licitaciones investigadas y el abandono de obras, según los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Busca evitar que los condenados sigan beneficiándose de los frutos de sus delitos.
Además de esta causa penal, Cristina Kirchner enfrenta una demanda civil por parte de la Dirección Nacional de Vialidad por unos U$S1.125 millones, en resarcimiento por los actos de corrupción durante su Gobierno.